Que ninguno de los 12 Pueblos Mágicos del Estado de México esté, por ahora, en riesgo de perder su nombramiento debería tranquilizar pero no adormecer. La secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, ha explicado que las 12 denominaciones están en evaluación ante la Secretaría de Turismo federal y que el proceso avanza favorablemente. La realidad obliga a mirar más allá del expediente.
Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Malinalco, Metepec, Otumba, San Juan Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Tepotzotlán, Tonatico y Valle de Bravo no son únicamente destinos para promocionar en campañas turísticas. Son territorios con patrimonio, historia, comercio, empleos y comunidades que conservan una identidad que genera ingresos. Por eso resulta preocupante que más de uno haya sido señalado por el deterioro de sus espacios y por un descuido que ya no puede ocultarse detrás de una denominación.
El Oro es quizá el caso que más debería incomodar. Su valor turístico está ligado a inmuebles históricos que forman parte de la imagen con la que fue reconocido. Si esos edificios se deterioran, no se daña una fachada: se erosiona el patrimonio que sostiene su condición de Pueblo Mágico.
Y aquí aparece una contradicción política que conviene discutir. El nombramiento nunca debió entenderse como un premio decorativo ni como una herramienta para imprimir folletos y atraer visitantes. Implicaba responsabilidades concretas: conservación, inversión, servicios, orden urbano y una estrategia permanente para que el turismo beneficiara a quienes viven ahí. Significaba confiar en las comunidades y reconocer su patrimonio como palanca de desarrollo.
Esa confianza exige reciprocidad. No basta celebrar que los 12 municipios conservan su estatus si espacios públicos se deterioran, edificios emblemáticos pierden mantenimiento o las autoridades reaccionan cuando la crítica ya es imposible de ignorar. La evaluación federal debería servir para una revisión incómoda: cuánto se ha invertido, qué se ha conservado, qué se ha perdido y qué compromisos siguen pendientes.
Además, el gobierno estatal no puede dejar toda la responsabilidad en los ayuntamientos. Un nombramiento nacional requiere hoy coordinación, vigilancia y recursos. Si el reconocimiento abrió oportunidades económicas, también generó obligaciones públicas.
Conservar los títulos será importante, pero conservar aquello que les dio sentido lo es mucho más. Porque un Pueblo Mágico puede sobrevivir en una lista oficial mientras su patrimonio se desmorona lentamente. El fracaso no sería perder una denominación; sería conservarla mientras se pierde la esencia. Si el Estado de México quiere presumir 12 Pueblos Mágicos, tendrá que demostrar que los cuida como patrimonio vivo, no como vitrinas turísticas.
Martha González Aguilera
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