El pasado 21 de octubre, el pleno del Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para sancionar hasta con 36 años de prisión la violencia ácida o química, una decisión que legisladoras y legisladores presentaron como un paso decisivo hacia la justicia para las mujeres. Sin embargo, detrás del consenso legislativo persisten diferencias sobre el alcance de las modificaciones, las propuestas que quedaron fuera y las condiciones necesarias para garantizar una atención integral a las sobrevivientes.
La reforma establece sanciones específicas para las agresiones cometidas con sustancias químicas y contempla medidas de atención médica y reparación del daño. No obstante, la Fundación Carmen Sánchez MX, que junto con mujeres sobrevivientes presentó una iniciativa ciudadana, manifestó su inconformidad porque el dictamen no recuperó la totalidad de sus propuestas, entre ellas la creación de un delito autónomo, disposiciones específicas relacionadas con la tentativa de feminicidio y modificaciones a la Ley de Víctimas del Estado de México.
El dictamen reunió cuatro iniciativas: las de las diputadas de Morena, Nelly Brígida Rivera y Zaira Cedillo Silva, la del grupo parlamentario del PRD y la ciudadana impulsada por la Fundación Carmen Sánchez. Aunque las propuestas fueron analizadas de manera conjunta, el resultado recogió en mayor medida los planteamientos de las legisladoras de la bancada guinda.
Con ello, mientras la iniciativa ciudadana proponía crear un delito autónomo de violencia química y ampliar las medidas de atención y reparación, el decreto aprobado incorporó sanciones de cinco a 36 años de prisión dentro del delito de lesiones, con agravantes relacionadas con la motivación, los daños permanentes y la relación del agresor con la víctima o su condición de servidor público.
Así, el avance legislativo abrió una discusión sobre si aumentar las penas es suficiente cuando las sobrevivientes también necesitan tratamientos médicos prolongados, rehabilitación, apoyo psicológico y condiciones para reconstruir su proyecto de vida.
En entrevista, la diputada local de Morena, Nelly Brígida Rivera, una de las promotoras de la reforma, señaló que el dictamen representa un avance histórico porque reconoce la gravedad de las agresiones. Sin embargo, admitió que su propuesta original contemplaba penas mayores y la creación de un delito autónomo, pero defendió el acuerdo alcanzado en comisiones, al señalar que, la decisión de mantener estas conductas dentro del delito de lesiones respondió a la preocupación de evitar obstáculos para acreditar los hechos.
“Si ampliábamos mucho el tipo penal, es decir, los requisitos para acreditar la violencia química, podríamos terminar ‘descobijando’ a las víctimas”, argumentó.
Sobre la posibilidad de clasificar estas agresiones como tentativa de feminicidio, señaló que esa figura requiere acreditar la intención de matar, lo que, desde su perspectiva, podría complicar la actuación ministerial. Por ello, defendió el establecimiento de agravantes específicas para facilitar la persecución penal de estas conductas.
Respecto a las propuestas que quedaron fuera, Rivera Sánchez reconoció que existe una discusión pendiente sobre la posibilidad de modificar expresamente la Ley de Víctimas estatal, por lo que, afirmó estar dispuesta a continuar el análisis con las instituciones competentes y reiteró que el diálogo con las sobrevivientes debe mantenerse abierto.
Desde la Fundación Carmen Sánchez MX, la valoración es distinta. Ximena Canseco, cocreadora de la organización, reconoció que cualquier avance para fortalecer la protección de las mujeres es importante, pero cuestionó tanto el contenido final de la reforma como la manera en que se desarrolló el proceso legislativo.
Canseco señaló que la organización no se sintió debidamente incorporada a la discusión y consideró que varias de sus propuestas quedaron fuera del dictamen. Entre las principales diferencias destacó que la violencia química permaneciera como una modalidad agravada del delito de lesiones, en lugar de reconocerse mediante un tipo penal autónomo, y que no se modificara la Ley de Víctimas.
“Siempre vamos a reconocer que se fortalezca el marco de protección para las mujeres que han sido víctimas de violencia con ácido o con otras sustancias químicas”, expresó.
Sin embargo, advirtió que las reformas no deben presentarse como una solución definitiva a un problema que requiere cambios institucionales y recursos para su atención. Por ello, consideró importante distinguir entre la incorporación de nuevas sanciones y la creación de una respuesta integral.
A su juicio, la reforma aprobada reconoce las razones de género detrás de las agresiones y el aumento de las penas, pero no garantiza por sí sola que las víctimas reciban los servicios que necesitan. Desde la experiencia de acompañamiento de la fundación, señaló que persisten dificultades para acceder a cirugías, tratamientos especializados y atención psicológica, además de obstáculos relacionados con la falta de presupuesto, personal capacitado y seguimiento institucional.
“Si no se vota el presupuesto con perspectiva de género asignado a esto, también es un documento solo de buenas virtudes”, sostuvo.
Para la activista, la reparación integral no debe reducirse a una indemnización económica ni a una sentencia condenatoria, ya que, las necesidades de cada sobreviviente pueden ser distintas, desde recuperar su empleo o acceder a una cirugía, hasta obtener apoyo para sus hijas e hijos. Por ello, insistió en que las víctimas deben participar en la construcción de las medidas que buscan atenderlas.
También cuestionó que el proceso legislativo no incorporara plenamente la experiencia de quienes han documentado los casos y acompañado a las sobrevivientes. A su juicio, las organizaciones especializadas pueden identificar obstáculos que no siempre se advierten desde el trabajo parlamentario, por lo que su participación no debería limitarse a legitimar decisiones ya tomadas.
En palabras de un experto, Eduardo Salazar, consultor especializado en legislación de salud y diseñador de proyectos legislativos de Grupo Vanguardia con Visión Global A.C., la reforma representa un avance, pero quedó incompleta al no incorporar modificaciones directas a la Ley de Víctimas ni establecer recursos presupuestales etiquetados para garantizar la atención.
El especialista explicó que la violencia química abarca agresiones cometidas con distintas sustancias capaces de provocar quemaduras, lesiones y daños permanentes. Por ello, consideró relevante que la legislación adopte una definición amplia y que la respuesta institucional contemple no solo la sanción del agresor, sino también las necesidades médicas y sociales de las sobrevivientes.
Desde su perspectiva, una de las principales debilidades del decreto es que las obligaciones de atención no están acompañadas de una asignación presupuestal específica. Aunque se contemplan servicios médicos, rehabilitación y atención a la salud mental, señaló que la falta de insumos, infraestructura y personal puede impedir que esas medidas se materialicen.
“Por mucha buena voluntad que pudiera tener un médico en cirugía reconstructiva, va a decir: ‘Yo aquí estoy, pero no tengo insumos, no tengo equipo, no tenemos nada’”, advirtió.
El consultor sostuvo que reformar la Ley de Víctimas habría permitido establecer con mayor claridad las obligaciones de las instituciones, los mecanismos de acompañamiento y las responsabilidades por omisiones en la atención. También consideró necesario explorar mecanismos que garanticen la reparación del daño y permitan actuar con rapidez desde la denuncia y la integración de la carpeta de investigación.
Otro pendiente, señaló, es contar con información actualizada y comparable entre las instituciones, por lo que propuso que la Fiscalía, el sector salud y las instancias de atención a víctimas generen y compartan datos que permitan conocer cuántos casos existen, cuántas investigaciones avanzan y qué atención reciben las sobrevivientes.
Es así como, el reto para el Estado de México será demostrar que las modificaciones aprobadas pueden traducirse en garantías efectivas y no únicamente en un logro legislativo. La inconformidad de las impulsoras de la iniciativa ciudadana y las críticas sobre el proceso de dictaminación también plantean una pregunta sobre la relación entre las demandas sociales y las decisiones partidistas: si la reforma busca responder a una violencia que transforma la vida de las sobrevivientes, su éxito deberá medirse no solo por las penas que establece, sino por la capacidad del Estado para garantizar justicia, atención y reparación.
Atenea Rojas
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