El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)
prepara una propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior
estatal, para ampliar los tiempos legales para realizar las
auditorías, las obligaciones de entrega de información de las
entidades fiscalizables y los mecanismos para dar seguimiento a los
casos detectados.
En entrevista, la auditora superior, Liliana Dávalos Ham, adelantó
que, uno de los principales planteamientos es ampliar el periodo
disponible para analizar la documentación y formular los resultados de
las auditorías, debido a que actualmente el organismo cuenta con
aproximadamente cuatro meses para realizar esta labor, a partir de que
recibe operativamente la información de la Cuenta Pública.
Al respecto, señaló que los plazos resultan limitados frente al
volumen de documentos que deben revisar los equipos auditores, al
considerar además que, las mejores prácticas internacionales
contemplan alrededor de seis meses para este tipo de revisión, por lo
que consideró necesario analizar una ampliación de los tiempos
legales.
La intención es que el personal tenga mayores posibilidades de
verificar documentos, reunir evidencias y sustentar técnicamente las
observaciones, sin comprometer el rigor de los resultados que el
organismo entrega a la Legislatura y a la ciudadanía.
Otro de los puntos que contempla la propuesta es revisar los
procedimientos de investigación y seguimiento para evitar demoras
cuando las entidades fiscalizables incumplen con la entrega de
información o existen elementos suficientes para continuar con las
actuaciones correspondientes.
En ese sentido, Dávalos señaló la necesidad de mejorar la integración
de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA),
pues explicó que, aunque el órgano fiscalizador realiza el análisis
técnico y jurídico, las instancias encargadas de dar continuidad a los
procedimientos pueden solicitar información adicional o reclasificar
las conductas, lo que puede prolongar la resolución de los casos.
Por ello, llamó a establecer criterios más uniformes entre las
instituciones involucradas, particularmente el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), para dar mayor certeza
a la integración de los expedientes y evitar diferencias de
interpretación que retrasen los procedimientos.
Además, adelantó que buscarán fortalecer la coordinación con la
Fiscalía para que las irregularidades que pudieran constituir delitos
sean puestas en su conocimiento y se determine si procede una
investigación por la vía penal, independientemente de las posibles
responsabilidades administrativas.
Finalmente, al destacar que, alrededor de 180 personas participan en
las labores de auditoría de inversión física y cumplimiento
financiero, Dávalos Ham aseguró que el organismo necesita fortalecer
su capacidad operativa para ampliar la cobertura de fiscalización, por
lo que indicó que es necesario ampliar su plantilla a la brevedad.
Atenea Rojas
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