La creación del delito de “corrupción deportiva” avanzó en la Cámara de Diputados tras la aprobación de un dictamen que contempla sanciones penales para deportistas, entrenadores, directivos y otros actores vinculados al ámbito deportivo.
La propuesta ha generado preocupación entre especialistas y sectores relacionados con el deporte profesional, debido a posibles efectos sobre incentivos económicos, primas por rendimiento y acuerdos habituales dentro de distintas disciplinas.
El dictamen castiga a quien acepte, reciba, solicite u ofrezca “cualquier beneficio” para “hacer o dejar de realizar un acto propio” con la finalidad de “realizar cualquier conducta que modifique el proceso o resultado” de una competencia.
Pero no distingue entre los pagos indebidos o hechos en la oscuridad y los pagos legítimos que los deportistas en México reciben por méritos deportivos.
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