La seguridad no puede convertirse en una disputa de porcentajes entre el gobierno y la realidad que viven los mexiquenses. Mientras las autoridades insisten en que los delitos disminuyen, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mantienen al Estado de México entre las de mayor incidencia. La pregunta es incómoda: ¿estamos reduciendo la violencia o aprendiendo a comunicar mejor sus cifras?
Hay avances que deben reconocerse. El gobierno federal reportó una reducción de 58 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Es relevante, pero no borra el tamaño del problema.
De enero a agosto de 2026, la entidad acumuló 220 mil 746 carpetas de investigación, alrededor de 908 al día. La cifra fue ocho por ciento menor que en el mismo periodo de 2025, cuando hubo 240 mil 334. La reducción existe; también es cierto que el Estado de México concentró 16.45 por ciento de los delitos registrados en el país en ese periodo. Una tendencia favorable no borra una realidad preocupante.
Además, no todas las cifras miden lo mismo. El promedio diario de homicidios, el total de carpetas y los delitos de alto impacto son indicadores distintos. Para evaluar resultados hay que comparar periodos equivalentes y aclarar qué se mide. La transparencia no consiste en elegir el dato más alentador, sino en mostrar el panorama completo.
Las estadísticas contabilizan delitos denunciados e investigados, no todos los que ocurren. La extorsión o el robo pueden quedar fuera cuando la víctima teme represalias, desconfía de la autoridad o considera inútil denunciar. Por eso, menos carpetas no significa automáticamente menos víctimas.
La verdad es que quien viaja con el teléfono escondido, cambia de ruta para evitar una zona peligrosa o teme recibir una llamada de extorsión no vive dentro de una gráfica. Vive con miedo. Esa experiencia no puede despacharse como una simple percepción ni corregirse con mensajes optimistas o anuncios de detenciones.
El riesgo es que la política de seguridad termine enfocada en mejorar la imagen de los resultados, en lugar de abatir las causas del delito. No basta con presumir operativos o personas detenidas: hay que demostrar que disminuyen los robos, la violencia, la impunidad y el temor en calles, transporte y hogares.
Las autoridades tienen derecho a informar sus avances; la ciudadanía, a exigir pruebas. Si los indicadores mejoran, que se explique dónde, cuánto y durante cuánto tiempo. Si persisten focos rojos, que se reconozcan y atiendan. La seguridad no se mide por el porcentaje más conveniente, sino por la posibilidad real de salir, trabajar y volver a casa sin miedo. La meta no debe ser que la gente crea que vive más segura, sino que verdaderamente lo esté ya.
Martha González Aguilera
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