Morena ya movió sus piezas rumbo a 2027. El partido emitió su convocatoria para elegir a las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el Estado de México.
Dicho sin rodeos, el mecanismo perfila a quienes buscarán las presidencias municipales, aunque todavía no lleven oficialmente la etiqueta de candidatos.
Y es que el nombre no cambia el fondo del asunto. La estrategia abre un debate sobre los tiempos electorales y los límites entre la organización partidista y el proselitismo anticipado.
Si estas coordinaciones cumplen funciones propias de una precandidatura, habrá que revisar si el procedimiento respeta la legislación y el calendario establecido por las autoridades electorales.
Morena puede llamarles como quiera, pero la denominación no basta para despejar las dudas legales.
La convocatoria, además, contiene reglas que dejan ver cómo se procesará la disputa. Solo se permitirá un registro por municipio, una disposición que reduce las posibilidades de una competencia abierta y plantea una pregunta inevitable: ¿cómo se garantizará que la selección sea transparente y que los aspirantes tengan condiciones equitativas?
Porque, si el registro no admite múltiples contendientes, la verdadera competencia se traslada a las negociaciones internas y a la decisión de las dirigencias, los deseos del pueblo son lo de menos
Otro punto polémico es el trato diferenciado para quienes ocupan cargos públicos. Presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones federales y locales podrán participar sin separarse de sus funciones, mientras que otros aspirantes deberán renunciar para entrar al proceso.
La distinción merece explicaciones: ¿por qué unos pueden conservar el cargo y otros deben asumir el costo político y económico de abandonarlo? La igualdad de condiciones no debería depender del lugar que cada quien ocupa dentro de la estructura de poder. Esta protección a la burocracia dorada parece inequitativa y se parece mucho a los métodos del pasado que tanto criticaron.
Tampoco se anticipa una ruta tersa. Cuando existan más de seis perfiles considerados idóneos, la Comisión podrá realizar un sondeo para identificar a quienes tengan mayor reconocimiento territorial.
Sobre el papel parece un filtro razonable; en la práctica, su credibilidad dependerá de los criterios utilizados, la metodología y la transparencia de los resultados. Sin reglas verificables, cualquier encuesta puede convertirse en combustible para acusaciones de favoritismo, inconformidades y negociaciones bajo la mesa.
La decisión final se conocerá en diciembre. Hasta entonces, Morena enfrentará meses de forcejeos entre grupos, aspirantes y liderazgos locales, en una contienda que comienza antes de los plazos electorales formales y que podría tensar la relación entre sus propias corrientes.
Además, este adelanto coloca a los demás partidos ante el dilema de esperar el calendario oficial o intensificar desde ahora sus movimientos políticos.
La verdad es que el partido gobernante tiene derecho a organizarse y definir sus procedimientos, pero también la obligación de demostrar que sus reglas son claras, equitativas y compatibles con la ley. No basta con invocar la transformación mientras se construyen ventajas políticas desde el poder.
La batalla municipal de 2027 ya comenzó en los hechos. Falta saber si Morena podrá contener sus propias ambiciones y ofrecer un proceso transparente, o si la disputa por las candidaturas terminará exhibiendo las fracturas que el discurso de unidad intenta disimular. Que empiece la guerra interna de la 4T; pero que nadie confunda la disciplina partidista con la ausencia de competencia ni la estrategia política con una excepción a la ley.
Martha González Aguilera
About the Author
