Irinea Buendía Cortéz, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, señaló la necesidad de crear el delito de “Negación de Justicia por Razones de Género”, como herramienta para combatir la impunidad de quienes, desde las instituciones del Estado, obstaculizan, retrasan, encubren o impiden el acceso de las víctimas de este delito a la justicia.
Aunque la propuesta fue presentada ante el Senado de la República para analizar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que envió al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la activista busca que ingresar la iniciativa al Congreso del Estado de México.
El abogado Pablo Navarrete Gutiérrez explicó que esta propuesta parte de una realidad que durante años ha acompañado a las víctimas de feminicidio: la violencia no termina con el asesinato de una mujer cuando las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia permiten que el caso quede impune.
La iniciativa plantea que no solamente debe responder penalmente quien priva de la vida a una mujer por razones de género, sino que también deben existir consecuencias legales para las personas servidoras públicas que, por razones de género, actúen con negligencia, oculten o alteren pruebas, encubran a responsables, obstaculicen una investigación o deliberadamente impidan el acceso a la justicia.
Explicó que la creación de este delito en el ámbito federal y en todos los estados, representaría un cambio relevante en el sistema de justicia: la responsabilidad del Estado no terminaría en reconocer que hubo un feminicidio, sino que alcanzaría también a quienes, desde las instituciones, contribuyeron a que ese crimen permaneciera impune.
Señaló que una propuesta similar presentó en tres ocasiones en el Congreso del Estado de México, en dónde el pasado mes junio las Comisiones para la Igualdad de Género y la de Procuración y Administración de Justicia respaldaron su propuesta que presentó como Ley “Mariana Lima Buendía”, con la cual se reforman diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal de la entidad para crear este delito.
Precisó que para el EdoMéx se proponen penas de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días multa y la destitución e inhabilitación, a quien estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de negación de justicia por razones de género, es decir por el hecho de ser mujer.
Karina Villanueva
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