técnicas con autoridades estatales para definir el esquema de
seguridad que operará durante el proceso electoral 2026-2027, en el
que se analiza incorporar mecanismos de protección para vocalías y
precandidatos, y explorar su aplicación desde la etapa de
precandidaturas, informó la consejera presidenta, Amalia Pulido Gómez.
En entrevista, adelantó que se analizará la posibilidad incorporar al
convenio para la protección de quienes participen en el proceso
electoral, algún mecanismo de protección y seguridad para las personas
que ocupen las vocalías distritales y municipales y que puedan
encontrarse en una situación de vulnerabilidad durante el desarrollo
de sus funciones,.
“Nos inquieta, por supuesto, la protección de candidaturas y de
nuestras figuras que son las vocalías. Hay que decirlo, las vocales
son la parte fundamental de la elección”, señaló.
Asimismo, indicó que el IEEM explorará que el esquema pueda considerar
la etapa de precampañas, debido a que las precandidaturas no han sido
incluidas en los convenios de seguridad de procesos electorales
anteriores.
No obstante, puntualizó que cualquier medida deberá considerar las
capacidades institucionales y, principalmente, los análisis de riesgo
correspondientes, ya que las condiciones de seguridad no son las
mismas para todas las personas.
“Estaremos también explorando el tema de las precandidaturas que no
han entrado en convenios anteriores (…) no todas las personas están
con los mismos niveles de riesgo”, explicó, al señalar que la
valoración correspondería a la Fiscalía y a la Secretaría de
Seguridad.
La coordinación también contemplará la vigilancia de los inmuebles
electorales, particularmente durante la jornada y los cómputos
posteriores. Sobre ello, Pulido Gómez recordó que en elecciones
anteriores el C5 ha brindado cobertura especial a las instalaciones
utilizadas por los órganos electorales.
Por otra parte, la presidenta del IEEM informó que, a unas semanas del
arranque del proceso electoral, el instituto acumula 109 expedientes
relacionados con quejas y denuncias: 90 procedimientos sancionadores
ordinarios, 17 asuntos por violencia política contra las mujeres en
razón de género y dos procedimientos especiales sancionadores.
De este universo, 37 expedientes ya fueron remitidos al Tribunal
Electoral, mientras que el resto continúa en diligencias de
investigación. Entre las principales conductas denunciadas se
mantienen la promoción personalizada y el presunto uso indebido de
recursos públicos.
Pulido Gómez consideró que el incremento en el número de fuerzas
políticas que participarán en la contienda podría traducirse también
en un mayor número de quejas, aunque aclaró que por ahora el
comportamiento de las denuncias se mantiene similar al observado
previamente.
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