fue publicada este viernes 25 de septiembre en la Gaceta del Gobierno
del Estado de México, por lo que a partir de este sábado entrarán en
vigor las reformas que obligan a investigar con perspectiva de género
y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas
bajo el protocolo de feminicidio.
Con la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la entidad, así como al Código Penal, promovido por la
diputada local de Morena, Jennifer González, se estableció
expresamente esta obligación entre las atribuciones de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al tiempo que se
incorporó un nuevo supuesto dentro de los delitos cometidos por
servidores públicos de la procuración y administración de justicia.
Con ello, podrán ser sancionados con penas de cuatro a 10 años de
prisión, así como de 100 a 150 días de multa, a los servidores
públicos que, estando obligados a investigar o sancionar un delito
cometido contra una mujer por razones de género, incurran en actos de
corrupción, omisiones o negligencias; o bien, obstruyan la
investigación o la administración de justicia, afectando el derecho de
la víctima u ofendido a la verdad, la justicia o la reparación del
daño.
La reforma también retoma propuestas elaboradas por Irinea Buendía
Cortez, madre de Mariana Lima, y Pablo Navarrete Gutiérrez, con el
objetivo de incorporar a la legislación mexiquense algunos de los
parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) en la sentencia emitida en 2015 por el feminicidio de Mariana.
El caso se convirtió en un precedente nacional debido a que la
resolución de la Suprema Corte estableció que las muertes violentas de
mujeres deben investigarse con perspectiva de género y debida
diligencia, además de contemplar responsabilidades para servidores
públicos que, mediante irregularidades u omisiones, obstaculicen las
investigaciones y el acceso a la justicia.
El decreto fue aprobado por la LXII Legislatura del Estado de México
el pasado 10 de septiembre y establece que las modificaciones entrarán
en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno,
es decir, este sábado 26 de septiembre.
De acuerdo con el dictamen legislativo, con estas modificaciones la
entidad mexiquense incorpora parte de los criterios derivados de dicha
sentencia, como una medida de reparación y no repetición para las
víctimas de feminicidio.
Cabe destacar que este caso retoma el asesinato de Mariana Lima
Buendía en Chimalhuacán el 28 de junio de 2010, cuya muerte
inicialmente fue considerada un suicidio, sin embargo, el caso fue
reabierto a partir de la sentencia de la SCJN para ser analizado con
perspectiva de género, lo que permitió que fuera reconocido como
feminicidio.
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