El Estado de México se adelantó al debate. En mayo, el Congreso mexiquense aprobó una reforma para regular el uso de celulares y otros dispositivos en educación básica, limitándolos a fines académicos o emergencias personales, con autorización docente o directiva. Ahora, mientras el país adopta una regla nacional, la entidad tendrá que ajustar sus avances al nuevo escenario federal.
El Acuerdo Nacional para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales, que se publica este 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, plantea una línea clara para educación básica: no celulares en escuelas públicas y privadas. Para media superior y superior, en cambio, abre la puerta a acuerdos específicos por plantel, cuando exista un propósito pedagógico. La diferencia obliga a revisar la regulación.
Y es que la discusión dejó de ser una guerra entre quienes satanizan la tecnología y quienes la consideran indispensable. El problema está en otro sitio: quién manda dentro del salón de clases. Los datos de la consulta nacional son contundentes. El 74.1 por ciento de madres, padres y tutores identifica la distracción como el principal problema del celular en el aula; entre estudiantes, la proporción llega a 49.5 por ciento. Además, 94.7 por ciento considera importante conocer los acuerdos y 88.1 por ciento de padres piensa que la escuela debe orientar sobre el uso responsable y las redes sociales.
Los números desnudan una realidad: el celular puede ser una herramienta educativa, pero también una puerta abierta a distracciones, conflictos digitales, ciberacoso y contenidos que no deberían irrumpir en una clase de matemáticas, historia o español.
Por eso, prohibirlo en la escuela no debería confundirse con combatir la tecnología. Se trata de recuperar atención, convivencia y autoridad pedagógica. Y de poner límites claros en una etapa de formación que necesita acompañamiento adulto.
La parte controversial es que ninguna norma funcionará si las familias dejan toda la responsabilidad a la escuela. Si en casa el teléfono ocupa cada minuto libre, no bastará con guardarlo unas horas. La protección empieza también en el hogar.
El reto para el EdoMéx será demostrar que haberse adelantado no fue una decisión legislativa, sino una política capaz de cumplirse. Las reglas deben ser claras y conocidas por docentes, estudiantes y familias. Las autoridades deberán evitar que el acuerdo termine convertido en un documento que todos conocen y pocos cumplen.
Los celulares pueden esperar. La educación, no. Si estamos de acuerdo en proteger a los menores y ofrecerles un ambiente seguro, llegó el momento de asumir que poner límites también es una forma de cuidar; y también exige responsabilidad.
Martha González Aguilera
About the Author
