Alguien debe explicar por qué, después de más de tres años, la investigación por la agresión contra integrantes del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI), ocurrida en junio de 2023, sigue incompleta. Faltan dos autores materiales y, sobre todo, identificar y llevar ante la justicia a quien ordenó una agresión que dejó dos personas muertas.
Y es que la propia Fiscalía Mexiquense informó, durante los seis meses posteriores al ataque, que ya conocía el modus operandi del grupo involucrado y vinculaba hechos de la zona. Según esa información, faltaba concretar las detenciones. Han pasado años. ¿Por qué una investigación que parecía encaminada terminó así?
Rebeca López lo plantea con claridad: faltan los otros dos autores materiales, pero la acción difícilmente parece un asalto improvisado. Recuerda que fue toda una instrumentación bien organizada. Esa pista debe ser central para la Fiscalía, no una nota al margen.
Dos personas fallecieron. Una estaba vinculada con CENTLI; la otra era un profesor-investigador jubilado dedicado a la apicultura, que exigía atender los problemas ambientales del sitio de disposición final de residuos sólidos.
CENTLI no es un grupo de confrontación. Es un proyecto de la UAM, en coordinación con Guardianes de los Volcanes A.C., dedicado a investigación, educación ambiental y trabajo comunitario sobre agua, bosque y apicultura. Defender ese territorio no debería convertir a nadie en objetivo.
Lo más preocupante es que el ataque no terminó aquella noche. Después continuaron el hostigamiento y la vigilancia. Personas desconocidas fueron observadas cerca de las instalaciones y de domicilios de integrantes del Centro. El Estado tenía la obligación de protegerlos.
Deben investigarse los señalamientos sobre posibles vínculos del entonces alcalde, hoy fallecido, con grupos de talamontes a los que se atribuye la agresión, y las versiones que relacionan al actual alcalde, hermano del anterior, con esos grupos.
No corresponde convertir señalamientos en sentencias, pero tampoco perderlos entre trámites. La Fiscalía debe investigar y judicializar responsabilidades.
La posible candidatura de la esposa del actual alcalde añade incertidumbre. No porque una candidatura sea por sí misma una amenaza, sino porque, con la investigación incompleta, el temor seguirá vigente y la influencia de grupos criminales en la región permanecería vigente.
La Fiscalía debe cerrar el caso. Debe explicar avances y por qué no han sido detenidos los demás responsables. La justicia tardía duele; la que nunca llega se convierte en impunidad.
CENTLI no pide privilegios. Pide seguridad y justicia para quienes fueron asesinados. Si quienes protegen el bosque, el agua y el ambiente pueden ser atacados y después esperar años por justicia, la agresión no termina en una noche: se convierte en una advertencia para toda la sociedad. Y esa advertencia no puede quedar sin respuesta.
Martha González Aguilera
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