La vinculación a proceso de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su probable intervención en el homicidio calificado de cuatro integrantes de una familia en Zona Esmeralda, representa un paso necesario, pero no suficiente.
La Fiscalía mexiquense sostiene que los detenidos habrían llegado al departamento del Fraccionamiento Grand Viure, el 1 de septiembre, bajo la presunción de que ahí encontrarían una fortuna en criptomonedas. El objetivo, según la investigación, era localizar una supuesta caja fría con millones de dólares en bitcoins. El botín tuvo un precio brutal: la vida de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paula Barragán; Sofía, su hija de apenas tres años; y Aleyda Romero, nana de los menores. También murió la mascota de la familia.
El crimen obliga a mirar más allá de los detenidos y de la condena de hasta 90 años, que pretende la Fiscalía Mexiqiense. Sí, deben responder ante la justicia si las pruebas confirman su responsabilidad.
Pero la sociedad necesita más que expedientes y declaraciones oficiales: necesita saber cómo fue posible que una familia fuera atacada con semejante violencia en un fraccionamiento exclusivo, con controles de acceso y vigilancia que deberían ofrecer una barrera frente al delito.
Y es que aquí aparece la contradicción que asusta. Mientras el discurso oficial insiste en reducciones porcentuales de delitos y homicidios, un multihomicidio de esta naturaleza demuestra que la seguridad no puede medirse únicamente en gráficas.
Una estadística puede bajar y una comunidad puede sentirse vulnerable. La verdad es que una cifra favorable pierde valor cuando ni siquiera un entorno residencial de alto nivel resulta seguro.
Además, el móvil atribuido al ataque revela otra alarma: la delincuencia ya no sólo persigue dinero en efectivo, negocios o vehículos. También puede construir sus objetivos alrededor de información sobre patrimonio digital, criptomonedas y fortunas.
Si esa hipótesis se acredita, habrá que acreditar de dónde surgió la información, quién conocía los movimientos de la familia y qué fallas permitieron que los agresores llegaran hasta sus víctimas.
El ingreso de los acusados a Barrientos, el 4 de septiembre, y su eventual procesamiento pueden satisfacer la primera exigencia de justicia. Pero no deben convertirse en punto final. La Fiscalía tiene la obligación de esclarecer cada detalle, identificar cómplices y explicar qué falló.
Porque la seguridad pública no consiste en presumir porcentajes. Se demuestra cuando una familia puede dormir sin miedo, incluso detrás de una puerta vigilada. Y cuando eso falla de manera tan atroz, las autoridades deben responder con hechos, no con estadísticas que, por sí solas, ya no alcanzan para convencer a nadie. y recuperar toda confianza.
Martha González Aguilera
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