Toluca no puede darse el lujo de esperar siete meses mientras las casas se siguen abriendo. Ese es el punto de fondo ante los hundimientos y fisuras que avanzan en distintas calles del centro de la capital mexiquense: la autoridad anunció estudios para determinar las causas, pero para las familias afectadas el deterioro no se detiene porque exista un calendario administrativo.
Al menos 15 familias reportan daños graves y algunas ya abandonaron sus viviendas. Hay grietas que crecen en muros y pisos, zaguanes que pierden su forma y estructuras apuntaladas por los propios vecinos. cuando una familia tiene que pagar de su bolsillo un dictamen, materiales y medidas de emergencia para mantener en pie su casa, algo está fallando en la respuesta pública.
El caso de Melero y Piña resulta revelador. Ahí, los primeros indicios aparecieron entre agosto y septiembre del año pasado. Lo que comenzó como pequeñas grietas terminó convirtiéndose en una fisura mayor. El argumento de que se trata simplemente de inmuebles antiguos tampoco satisface a quienes viven ahí. Algunas casas fueron renovadas, con muros y pisos nuevos, y aun así presentan afectaciones. Un zaguán que se descuadra cuatro veces en un año no es un detalle decorativo.
Los vecinos señalan a los pozos de extracción de agua como posible causa y exigen que sean cerrados mientras concluyen los estudios. Es una hipótesis, no una conclusión técnica, y precisamente por eso debe investigarse con seriedad. Pero sería irresponsable ignorarla durante siete meses si existe la posibilidad de que una actividad actual esté agravando el problema. La autoridad debe explicar qué pozos están involucrados, qué volumen de agua extraen, desde cuándo operan y qué medidas preventivas existen.
Además, las afectaciones ya rebasan una sola calle. Se reportan casos en 5 de Mayo, Josefa Ortiz de Domínguez, 1 de Mayo, Humboldt, Independencia, Isidro Fabela e Isabel la Católica, así como en Las Américas. Si el fenómeno se extiende, tratarlo como una suma de problemas domésticos sería un grave error político y de protección civil.
El Ayuntamiento no necesita esperar el dictamen final para actuar. Puede inspeccionar, acordonar, apuntalar, auxiliar a quienes debieron desalojar y establecer un mecanismo transparente de atención. Prevenir un colapso.
Toluca necesita respuestas, no solamente diagnósticos en proceso. Siete meses pueden ser un plazo razonable para una investigación técnica; no lo son para una familia que vive bajo un techo inseguro. La prioridad debe ser clara: proteger vidas, detener cualquier factor que pueda agravar el daño y asumir la responsabilidad pública antes de que una grieta deje de ser una advertencia y se convierta en una tragedia. La prevención no puede quedar subordinada a los tiempos de un escritorio.Ya.
Martha González Aguilera
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