El presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, Edward James Marín Noriega, recriminó una vez la presencia de comercio informal en el primer cuadro de la capital del Estado de México, e hizo un llamado urgente al gobierno municipal a retirar a los vendedores ambulantes de cara al Regreso a Clases.
“Hago el llamado a revisar el discurso de transformación, a revisar esta dinámica del ambulantaje que no se explica sin la palabra corrupción. El llamado es permanente y lo vuelvo a hacer ahora. Cuidemos nuestra imagen urbana, respetemos la inversión que la iniciativa privada ha hecho para mejorar la imagen en el centro de Toluca, acompañemos eso”.
Marín Noriega consideró que de ser necesario se lleve a cabo una revisión exhaustiva de los directores o titulares encargados de controlar e inhibir el comercio informal. “El llamado no es a que se trate mal a cualquier vendedor, entendemos la situación, pero sabemos que en el centro se instalan agrupaciones que incluso se aprovechan de sus agremiados”.
Enfatizó que el Centro Histórico de Toluca ha experimentado un crecimiento sostenido del comercio ambulante, incluso en sus enclaves más representativos, con repercusiones directas en la movilidad, la infraestructura urbana y la fisonomía del primer cuadro de la ciudad.
“Cruces, andadores y Los Portales de vocación eminentemente peatonal permanecen obstruidos, al tiempo que se intensifica la contaminación visual. Esta realidad contrasta con el esfuerzo del comercio formal, que durante el mismo periodo ha destinado recursos a la rehabilitación de fachadas y cortinas, pintura y renovación de elementos publicitarios, procurando dignificar el entorno urbano”.
Indicó que el espacio público ha alcanzado un grado de ocupación que prácticamente lo convierte en una superficie susceptible de arrendamiento.
“Actualmente puede encontrarse desde un par de baterías hasta botellas de mezcal con precio de mil 500 pesos. La explotación comercial del espacio público al margen de la normatividad y en contravención del Bando Municipal erosiona los incentivos a la formalidad y demerita el valor de emprender, invertir, generar empleo, cubrir derechos y sostener una licencia de funcionamiento o cualquier otra”.
El presidente del Patronato aseveró que el espacio público no puede concebirse como un activo disponible para satisfacer intereses particulares, ni adjudicarse de facto a quienes ejercen actividades comerciales fuera del marco regulatorio. Enfatizó que ordenar el Centro Histórico implica preservar su movilidad, patrimonio, imagen urbana y garantizar condiciones de equidad para quienes desarrollan su actividad económica dentro de la legalidad.
Karina Villanueva
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