La sustitución del INFOEM por Transparencia Mexiquense no es un simple cambio de nombre. Es un cambio de fondo en la relación entre poder y ciudadanía. El organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública deja de contar con la autonomía que justificó su existencia y queda vinculado al propio gobierno, a través de la Contraloría.
¿Qué tan independiente puede ser quien debe revisar o incluso obligar a transparentar información de la administración que forma parte de su propia estructura? La transparencia nació para colocar una barrera entre el poder público y la tentación de ocultar aquello que resulta incómodo.
Fue una conquista social para que cualquier ciudadano pudiera preguntar, investigar y exigir cuentas. Si en realidad no funcionaba, como muchos alegan, ¿no era mejor echar a andar de forma adecuada estos organismos? ¿Por qué desaparecerlos?
Morena, con mayoría legislativa, sostiene que el nuevo modelo permitirá una legislación “moderna, funcional y cercana a la ciudadanía”, y racionalizar la estructura gubernamental. En el papel suena eficiente.
En la práctica, eficiencia no debe confundirse con concentración institucional. Un organismo puede ser más barato y menos útil para vigilar al poder.
Y es que la austeridad vuelve a aparecer como argumento central. Se habla de ahorros, recortes y racionalización, como si reducir estructuras fuera garantía de mejores resultados.
El ahorro público sólo tiene sentido si se traduce en mejores servicios y rendición de cuentas. Si para ahorrar se debilita al organismo que vigila la información oficial, el costo puede superar el ahorro.
Además, hay una contradicción que merece explicación. Durante años se sostuvo que los gobiernos anteriores eran corruptos, ineficientes y derrochadores.
Sin embargo, ahora, bajo el discurso de la austeridad y con la promesa de combatir la corrupción, parece que los recursos tampoco alcanzan para mantener instituciones autónomas.
Antes había dinero para obras, servicios y organismos, incluso en administraciones cuestionadas; hoy se pide aceptar que la solución es reducir estructuras y concentrar funciones.
No se trata de defender burocracias por nostalgia. Se trata de defender contrapesos. La transparencia sólo es creíble cuando quien la garantiza puede incomodar al gobierno, no cuando depende de él.
Si Transparencia Mexiquense quiere convencer a la sociedad de que este cambio representa un avance, deberá demostrarlo con hechos: resoluciones firmes, información completa, criterios independientes y cero tolerancia a la opacidad.
La democracia no se fortalece cuando el gobierno decide cuánto de sí mismo puede ser vigilado. Se fortalece cuando acepta ser vigilado incluso cuando no le conviene. Ese es el punto que no debería perderse entre discursos de modernización, ahorro y simplificación. El tiempo dirá si se construyó una institución más eficiente o una institución más cómoda para el poder.
Martha González Aguilera
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