lo general y en lo particular el dictamen del proyecto de decreto que
reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México, derivado de la iniciativa enviada por el Ejecutivo
estatal, para continuar con su resolución en el octavo periodo
extraordinario convocado para este 20 de agosto.
Durante la discusión, legisladores de oposición advirtieron que el
nuevo modelo plantea la desaparición del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de México (INFOEM) y la creación de
Transparencia Mexiquense como un órgano desconcentrado de la
Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica y operativa, pero
sin autonomía financiera ni presupuestal.
Sobre ello, la diputada local de MC, Ruth Salinas, votó en contra del
dictamen al considerar que la propuesta no garantiza la independencia
del nuevo organismo. Señaló que el artículo 27 establece que la
persona titular será designada por el Ejecutivo estatal, sin definir
requisitos, convocatoria, duración del cargo ni participación del
Poder Legislativo.
Señaló que un órgano cuyo titular depende presupuestalmente de quien
lo designa podría responder a intereses del gobierno en turno. En el
mismo sentido, las diputadas del PAN y PRD, Krishna Romero y Araceli
Casasola sostuvieron que la transparencia requiere independencia para
garantizar resoluciones imparciales, además de señalar que el nuevo
ente carecería de una partida presupuestal propia.
En defensa del dictamen, la diputada Paola Jiménez sostuvo que otorgar
autonomía financiera al nuevo organismo sería contradictorio con el
modelo institucional planteado, cuyo objetivo es simplificar
estructuras, evitar duplicidades administrativas y aprovechar la
capacidad operativa existente.
Agregó que, al depender de la Contraloría, el nuevo esquema fortalece
la capacidad sancionadora frente a incumplimientos en materia de
transparencia y permite armonizar la legislación estatal con el modelo
nacional, además de actualizar procedimientos relacionados con
recursos, solicitudes y sanciones.
Por su parte, el diputado Octavio Martínez, de Morena, afirmó que el
INFOEM contó con un presupuesto de 227 millones de pesos en 2025,
recursos que, dijo, podrán destinarse a servicios públicos
prioritarios. Rechazó que la reforma implique la desaparición del
derecho de acceso a la información y aseguró que las obligaciones de
transparencia permanecen vigentes, aunque las funciones serán
reasignadas a otras autoridades.
En el mismo sentido, el diputado Vladimir Hernández señaló que existe
una “falsa narrativa” sobre la desaparición de derechos y sostuvo que
la reforma representa un rediseño institucional para recuperar la
confianza ciudadana. Reconoció que el nuevo modelo podrá requerir
ajustes durante su implementación, pero consideró que no debe frenarse
el cambio por esa razón.
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