La salud pública no puede administrarse con promesas de “restablecimiento paulatino” cuando está en juego la vida. La protesta de pacientes y familiares de personas con insuficiencia renal frente al hospital Adolfo López Mateos, la CODHEM y Palacio de Gobierno exhibe algo más que una falla administrativa: revela la fragilidad de un sistema que está dejando solos a quienes dependen de una máquina para seguir viviendo.
En el Adolfo López Mateos, el servicio de hemodiálisis lleva dos semanas suspendido. Cada sesión forma parte de un tratamiento indispensable. Interrumpirlo significa acumular toxinas y líquidos, deteriorar la condición física y provocar complicaciones graves.
En Tenancingo, el problema es todavía más prolongado. Cerca de dos meses con cuatro máquinas descompuestas y además, con carencias de insumos proporcionados por la empresa Bita, han reducido la capacidad de atención. El resultado: pacientes que recibían tres sesiones por semana han pasado, en algunos casos, a una sola. La semana pasada se suspendió el tratamiento. ¿Cómo puede llamarse atención médica a un servicio que obliga a decidir quién recibe el tratamiento indispensable y quién espera?
La responsabilidad política no termina en señalar a una empresa, justificar una avería o anunciar que el servicio volverá gradualmente. El IMSS-Bienestar y las autoridades estatales tienen que responder por la continuidad de la atención, supervisar contratos, garantizar insumos, reparar equipos y explicar públicamente qué ocurrió. Deben informar cuántos pacientes están afectados, cuántas sesiones se han perdido y cuándo se normalizará el servicio. La opacidad no es prudencia: es abandono.
La indignación de las familias también coloca frente al espejo a las instituciones de derechos humanos. Que los pacientes hayan tenido que salir del hospital y bloquear la avenida Lerdo para ser escuchados es alarma. Cuando reclamar atención médica exige tomar las calles, algo también está fallando antes de la protesta.
Y la verdad es que la crisis no se limita a la insuficiencia renal. Los señalamientos sobre la falta de medicamentos para pacientes con cáncer muestran una realidad dolorosa: personas que enfrentan una enfermedad grave y deben, además, librar otra batalla para conseguir el tratamiento.
No hay transformación sanitaria posible si los derechos se quedan en discursos y los servicios esenciales dependen de máquinas averiadas, insumos que no llegan o respuestas que no llegan. La salud no admite pausas administrativas. Para quien necesita hemodiálisis, cada sesión cuenta. Para un paciente con cáncer, cada dosis puede ser decisiva. El Estado debe estar a la altura de esa urgencia y corregirla de inmediato. Lo contrario no es una simple deficiencia: es una deuda pública que puede cobrarse con vidas.
Martha González Aguilera
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