La violencia política contra las mujeres no comienza con una amenaza de muerte ni termina cuando alguien recibe una sanción. Muchas veces empieza antes: en el comentario que descalifica, en el ataque a la apariencia, en exigir a una mujer un comportamiento que a un hombre jamás se le reclamaría.
Por eso resulta relevante, la decisión del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) de aprobar, por primera vez, una Ruta de Acción para analizar riesgos en casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ante el proceso electoral 2026-2027. El marco jurídico ya existía. Faltaba convertirlo en un procedimiento para actuar ante una agresión, valorar su gravedad y responder antes de que escale.
La ruta contempla análisis de riesgo, niveles de alerta y planes de seguridad. Incluye medidas como construir una red de apoyo, establecer una señal de seguridad, ubicar salidas de escape en un inmueble y adoptar estrategias de autocuidado. Son herramientas para enfrentar situaciones que pueden escalar rápidamente.
Además, el IEEM coordinará a sus áreas competentes para realizar los análisis, apoyar los planes de seguridad y aplicar medidas cautelares para proteger los derechos político-electorales. La ruta permitirá un primer ejercicio para reconocer qué tipo de violencia se está padeciendo, pero no sustituirá una denuncia. La determinación de responsabilidades corresponde al Tribunal Electoral del Estado de México.
Y aquí aparece la dimensión más incómoda. El Estado de México ocupa el cuarto lugar nacional en registros de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, con 30 casos: 17 hombres, cuatro mujeres y seis perfiles no identificados de redes sociales. La cifra confirma que el problema existe y no puede ocultarse con la frase “así es la política”.
La verdad es que muchas mujeres se acostumbraron a la violencia hasta dejar de reconocerla. La minimizan o soportan porque creen que forma parte del precio de participar en política. “Es cosa de política”, dicen. No debería serlo.
Y es que a las mujeres todavía se les juzga por cómo se visten, cómo viven, cómo forman una familia o cómo ejercen su autoridad. A los hombres se les evalúa por sus decisiones y resultados. Esa diferencia también es violencia cuando busca reducirlas, intimidarlas o expulsarlas del espacio público.
La ruta será valiosa si una mujer encuentra protección antes de que la agresión se convierta en tragedia. No basta con reconocer la violencia después del daño. La democracia mexiquense necesita instituciones capaces de detectarla, frenarla y sancionarla a tiempo. Si las mujeres deben aprender a sobrevivir a la política para poder participar en ella, entonces algo está roto. Ese debe ser el verdadero examen institucional.
Martha González Aguilera
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