del Estado de México busca impulsar una serie de adecuaciones a la
estructura y operación de los sistemas anticorrupción, que van desde
garantizar la integración de los Comités de Participación Ciudadana
municipales hasta modificar la composición de las presidencias y
fortalecer la coordinación entre las instancias encargadas de
fiscalizar los recursos públicos.
En entrevista, Alberto Gándara Ruiz, presidente del CPC estatal,
informó que plantean la conformación de comisiones de selección
municipales, para contar con mecanismos que permitan cubrir las
vacantes en los Comités de Participación Ciudadana locales y evitar
que éstos dejen de funcionar por falta de integrantes.
“De nada sirve tener un sistema instalado si después no tenemos las
condiciones para que pueda mantenerse funcionando; necesitamos
mecanismos que permitan renovar y cubrir sus espacios cuando queden
vacantes”, señaló.
Otra de las propuestas planteadas por el CPC está relacionada con la
estructura del Sistema Estatal de Fiscalización, para incorporar a los
contralores de los órganos autónomos y generar una mayor coordinación
entre las instituciones responsables de vigilar el uso de los recursos
públicos.
Con ello, se busca que las distintas instancias fiscalizadoras puedan
compartir mecanismos de coordinación y fortalecer las acciones de
revisión y control del gasto público, particularmente ante la
necesidad de contar con una estructura más articulada entre los
diferentes órganos del Estado.
De la misma manera, proyectan modificar la integración de la
presidencia del sistema y establecer una presidencia cuatripartita,
con la incorporación de una representación del Poder Judicial, además
de las instancias que actualmente participan en su conducción.
Estas propuestas serán remitidas a la Contraloría del Poder
Legislativo, la Contraloría del Poder Ejecutivo y el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), es decir, con las
presidencias actuales, con la intención de que sean analizadas dentro
de los procesos de adecuación institucional.
Gándara Ruiz explicó que la intención es ampliar la participación
institucional y fortalecer la coordinación entre los poderes públicos
en las tareas relacionadas con la prevención y combate a la
corrupción, tras haber obtenido un alcance en 123 de los 125
municipios mexiquenses, es decir, del 99.5 por ciento, comparando que,
en administraciones anteriores tan sólo se habían llegado a 70 u 80
municipios.
Finalmente, el presidente del CPC destacó que el Estado de México es
la única entidad del país que contempla la obligación de constituir
sistemas municipales anticorrupción, por lo que uno de los principales
retos es garantizar que estos organismos puedan mantenerse operativos
y no queden sin integrantes.
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