Hay cifras que deberían provocar un debate público y, sin embargo, apenas alcanzan unos minutos de atención. Una de ellas retrata con crudeza el tamaño del desafío educativo en el Estado de México: apenas uno de cada diez jóvenes que inicia la educación básica logra llegar al nivel superior. El otro 90 por ciento se queda en el camino.
No abandona únicamente un salón de clases; también ve reducirse sus posibilidades de movilidad social, de mejores ingresos y de romper el ciclo de pobreza que afecta a miles de familias.
Las zonas norte y sur de la entidad concentran los índices más severos de deserción escolar y de vulnerabilidad juvenil. Además, municipios urbanos como Ecatepec y Nezahualcóyotl, debido a su enorme concentración de población joven, también enfrentan un abandono escolar alarmante. La verdad es que el problema dejó de ser exclusivo de las regiones más marginadas. Hoy alcanza tanto a comunidades rurales como a las grandes ciudades.
La principal causa permanece intacta: el dinero. O, mejor dicho, la falta de él. Miles de estudiantes dejan las aulas porque necesitan incorporarse al mercado laboral para ayudar al ingreso familiar. Esa decisión pocas veces responde a la falta de interés por estudiar; responde a la urgencia de comer.
El propio Programa Sectorial de Bienestar Social del Estado de México reconoce que el factor económico constituye una de las principales causas del abandono escolar y advierte que este fenómeno incrementa la desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo. Además, en el ciclo escolar 2022-2023 la tasa de abandono alcanzó 10.4 por ciento en educación media superior y 8 por ciento en educación superior dentro de la entidad.
Y es que las consecuencias no terminan cuando un joven deja la escuela. Comienzan ahí. Menos preparación significa empleos precarios, menor productividad, salarios más bajos y una generación con escasas posibilidades de competir en un mercado laboral que exige cada vez mayores capacidades. El costo también lo paga el Estado, que pierde capital humano y amplía las brechas sociales.
Además, el sistema educativo mexiquense atiende a más de 4.2 millones de alumnos en casi 22 mil 800 escuelas, con un promedio de escolaridad de apenas 10.4 años entre la población. Aunque el rezago educativo porcentual se ubica por debajo de la media nacional, todavía representa un desafío enorme por el tamaño de la población estatal.
La respuesta no puede limitarse a entregar becas, aunque resulten indispensables. Hace falta transporte seguro, orientación vocacional, apoyos alimentarios, infraestructura digna y oportunidades reales para que estudiar deje de ser un privilegio.
Porque mientras nueve de cada diez jóvenes continúen fuera de la educación superior, cualquier discurso sobre igualdad de oportunidades será apenas una promesa. La educación sigue siendo el camino más sólido para transformar vidas, pero ese camino permanece lleno de obstáculos que la política pública todavía no logra remover.
Martha González Aguilera