despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, uno de
los cambios legislativos más relevantes en materia de derechos
reproductivos en la entidad, aún permanecen pendientes diversas
reformas secundarias para su aplicación y enfocadas en la prevención del embarazo adolescente, la educación sexual y el fortalecimiento del
acompañamiento médico y psicológico para mujeres y personas gestantes.La reforma, aprobada el 25 de noviembre de 2024, convirtió al Estado
de México en la entidad número 18 del país en despenalizar la
interrupción voluntaria del embarazo. El dictamen fue impulsado por
las bancadas de Morena, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD, con el
respaldo de colectivos feministas, mientras que la bancada del PAN
votó en contra al sostener que la iniciativa atentaba contra el
derecho a la vida desde la concepción.
Desde entonces, el principal objetivo fue dejar de criminalizar a las
mujeres y garantizar el acceso a servicios de salud para la
interrupción legal del embarazo, según señalaron los diputados que lo promovieron; sin embargo, el paquete integral de reformas contemplaba modificaciones adicionales a distintas leyes estatales, para que pudiera aplicarse, que aún no concluyen su proceso legislativo.
De acuerdo con una psicóloga del Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), quien solicitó mantener en reserva su identidad, desde
la entrada en vigor de la reforma la Línea de Aborto Seguro ha
brindado atención a adolescentes y mujeres de hasta 38 años que
solicitaron la interrupción del embarazo antes de las 12.6 semanas de
gestación.
Explicó que, cuando se trata de embarazos en menores de 15 años, el
personal médico tiene la obligación de dar vista a las autoridades
para investigar un posible delito de violencia sexual. No obstante,
recordó que antes de la despenalización la instrucción era reportar
cualquier caso de aborto, independientemente de las circunstancias, lo
que derivaba en la apertura de investigaciones.
En contraste, actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM) sostiene que no existen personas privadas de la
libertad por el delito de aborto ni carpetas judicializadas por este
ilícito, pese a que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el delito sí
generó investigaciones.
De acuerdo con la dependencia, durante 2023 se iniciaron 137 carpetas
de investigación por aborto en la entidad, mientras que entre enero y
octubre de 2024 se contabilizaron 93 expedientes, situación que
colectivos feministas señalaron como evidencia de que el delito
efectivamente era perseguido.
Es entonces que, en entrevista la diputada de Morena, Zaira Cedillo,
promovente de la iniciativa, señaló que el primer paso era eliminar la
criminalización de las mujeres, pues pese a que no había una
persecución del delito abierta, señaló que las mismas autoridades
retrasaban su acceso a los servicios médicos e incluso el acceso a la
justicia en casos de delitos sexuales.
iniciaba una carpeta de investigación, lo que hacían es que se
perdiera más tiempo y entonces aumentaran las semanas de gestación y
las mujeres ya no pudieran acceder al aborto, que ya no pudieran
acceder a la interrupción legal del embarazo. Entonces, ahí estamos
hablando de violencia institucional”.
se generaba un antecedente para actuar contra las mujeres por
cualquier otro delito situándolas en la mira y agravando su situación.“La fiscalía dice que no había carpetas judicializadas, sin embargo,
también hubo fabricación de delitos a mujeres, a madres, por
practicarse interrupciones del embarazo porque, pues, hablamos todavía
de un tema y de un sistema machista en donde los esposos, sobre todo
en casos de esposos o exparejas, tenían recursos y las autoridades de
distintos niveles en algún momento se prestaron para que finalmente ya
sea, no exactamente por esa carpeta, sino por alguna otra, terminaran
en el reclusorio”.
En este contexto, indicó que uno de los avances más importantes
alcanzados durante el último periodo legislativo fue la aprobación de
la nueva Ley de Salud estatal, en la que se incorporaron dos capítulos
específicos sobre interrupción legal del embarazo para garantizar la
atención gratuita, protocolos médicos claros, servicios hospitalarios
y el respeto a la objeción de conciencia, sin que ésta impida brindar
el procedimiento. Sin embargo, reconoció que el paquete integral de
reformas permanece incompleto.
Asimismo, entre los pendientes legislativos, destacó las modificaciones
a la Ley de Educación para fortalecer la educación sexual integral, la
prevención del embarazo adolescente, la distribución de materiales de
higiene menstrual y la capacitación de docentes y familias.
Sin embargo, también puntualizó que continúan sin aprobarse cambios a
la Ley de Asistencia Social y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de México, orientados a fortalecer el
acompañamiento psicológico, la atención integral de víctimas de
violencia sexual, la prevención del embarazo infantil y la protección
de niñas y adolescentes.
Es por ello que, para la legisladora, el principal reto ahora consiste
en fortalecer la prevención, ya que la despenalización por sí sola no
resuelve los problemas de fondo relacionados con el embarazo infantil,
la violencia sexual y la falta de información entre adolescentes.
Esa situación, dijo, también se refleja en casos recientes de abandono
de recién nacidos registrados en distintos municipios mexiquenses,
pues tan sólo durante el primer semestre del año se documentaron al
menos seis casos en municipios como Ecatepec, Metepec, Tultitlán,
Naucalpan y Toluca, hechos que evidencian la necesidad de reforzar las
políticas públicas de educación sexual, planificación familiar, salud
mental y acompañamiento institucional para prevenir embarazos no
deseados y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud
reproductiva.
En sintonía, la psicóloga especialista en género y adolescentes,
Valeria López, consideró que pese al avance para garantizar los
derechos reproductivos de las mujeres, por sí sola no resolverá
problemáticas mientras no se fortalezcan las estrategias de prevención
desde edades tempranas.
Explicó que la educación sexual sigue siendo un tema rodeado de
estigmas tanto en los hogares como en las escuelas, donde persiste la
resistencia a hablar abiertamente sobre el cuerpo, la menstruación,
los métodos anticonceptivos, la maternidad y las implicaciones
emocionales y sociales del inicio de la vida sexual. Esta falta de
información, dijo, provoca que muchas adolescentes tomen decisiones
sin conocer plenamente sus consecuencias.
“Sí sería importante hablar del tema totalmente; no sólo de la
maternidad, no sólo de la paternidad, no sólo del aborto, sino de todo
lo que conlleva tomar la decisión de tener relaciones sexuales. Eso es
algo que deberían implementarlo a nivel estatal en todas las
escuelas”, sostuvo.
López agregó que otro de los principales obstáculos es el estigma que
enfrentan las mujeres y adolescentes cuando buscan orientación o
atención médica. Afirmó que el miedo a ser juzgadas por sus familias,
la sociedad o incluso por el propio personal de salud provoca que
muchas retrasen la búsqueda de ayuda o enfrenten solas un embarazo no
deseado.
Por ello, consideró que las leyes secundarias deberían incorporar
acciones de prevención, capacitación para docentes y profesionales de
la salud, así como acompañamiento psicológico, con el fin de
garantizar que las personas puedan tomar decisiones informadas y
acceder a los servicios de salud reproductiva sin prejuicios ni
discriminación.
“El castigo viene en voces, el juicio no viene desde las autoridades,
sino desde un juicio de valor. Aquí no se está castigando la acción,
eso es lo que más pega cuando una mujer haya abortado”, puntualizó.
Así, a casi dos años de la despenalización del aborto en el Estado de
México, el principal desafío ya no es únicamente garantizar el acceso
a la interrupción legal del embarazo, sino consolidar las reformas
complementarias que permitan prevenir embarazos adolescentes,
fortalecer la educación sexual, ampliar el acompañamiento psicológico
y eliminar los estigmas que aún dificultan el ejercicio pleno de los
derechos reproductivos.
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